lunes, 24 de junio de 2013

UNA EUROPA AL SERVICIO DE LA ECONOMIA REAL



Gonzalo Gayo
Crear empleo debe ser la máxima de los mandatarios europeos de cara a la cumbre que se celebrará este jueves y viernes. Algunos destellos de esperanza otean el horizonte del viejo continente si finalmente sale adelante el plan que permita al Banco Europeo de Inversiones (BEI) facilitar el crédito a las pymes, especialmente en España, Italia y el resto de países del sur, hasta un máximo de 100.000 millones de euros durante el periodo 2014-2020. Se estima que más de un millón de empresas se beneficiarían de esta medida y con el ello la generación de empleo que buena falta hace.
Se trata de una medida necesaria y urgente que viene reclamando la economía real para salir de la actual recesión. Con ello se despejaría en parte la errónea deriva de una Europa que sigue dilapidando tiempo y dinero públicos para enjuagar los agujeros negros de una banca que ha consumido importantes recursos a costa de incrementar deudas y recortes en el estado del bienestar, como es el caso de España.
La medida puede sin embargo tropezar con la miopía de quienes persisten en las mismas políticas de atención urgente a cualquier indicación de los lobbies bancarios mientras se deja de lado a una economía real que sustentan las pymes europeas.
El BEI seria pues el instrumento más eficaz para canalizar el apoyo al sistema productivo con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas y crear empleo y que sin duda requiere del concierto del Banco Central Europeo para inyectar liquidez en la maquinaria productiva.
La inyección de 100.000 millones de euros en el sistema productivo de los países más afectados por la crisis permitiría revitalizar las economías más afectadas por esta prolongada recesión y que en el caso de España se traduce en casi 6 millones de parados, 2,25 millones de niños instalados bajo el umbral de la pobreza y una generación de jóvenes que soporta la intolerable cifra de un 56% de paro y la falta de toda oportunidad para salir del circulo vicioso.
Hasta el momento, el BCE y los mandatarios europeos han demostrado su lealtad inquebrantable a la banca europea, ofreciendo rescates para tapar los agujeros negros de sus balances sin que los responsables de tales quebrantos hayan pagado por dilapidar el dinero de sus depositarios y accionistas. El servilismo de los mandatarios europeos ha llegado al extremo de inyectar ingentes cantidades de recursos públicos que figuran en el incremento de la deuda pública que pagaran las futuras generaciones y sin que hasta la fecha ni siquiera se ha informado del cómo y cuándo la banca rescatada piensa devolver los recursos públicos obtenidos y a qué tipo de interés. Lo único cierto es que del 67% de deuda del PIB hemos superado el 90% de deuda respecto al PIB por culpa de la banca.
El plan que ahora se propone para inyectar 100.000 millones en el sistema productivo será sin duda la mejor señal de que algo está cambiando en la UE al poner la economía al servicio de los ciudadanos y especialmente de aquellos que generan riqueza y empleo para sostener un estado del bienestar, la cohesión y una sociedad más justa.
De igual modo, es de exigir que los responsables de la agricultura de la UE avancen hacia un acuerdo que atienda las justas reivindicaciones de quienes representan la economía real en el campo y que son otros que nuestros agricultores. De hecho, la Comisión y la Eurocámara están ultimando un acuerdo político para reformar de forma drástica la Política Agraria Común (PAC), que permita un reparto más verde y más justo de las ayudas y que estas llegue a los agricultores reales, y no tanto a aquellos coleccionistas de fincas que se dedican a coleccionar subvenciones para mayor gloria de marquesados.
Hay que focalizar cada ayuda y cada esfuerzo publico en la economía real si es que a estas alturas hemos aprendido algo de esta crisis. Afortunadamente, entra en el debate la redefinición del agricultor activo, para evitar que las ayudas lleguen a productores de salón o a terrenos destinados a actividades no agrícolas como aeropuertos y campos de golf; así como simplificar y establecer si serán voluntarios u obligatorios los programas específicos de apoyo a jóvenes agricultores y a pequeños productores. Es preciso también que en la agenda del debate se fije con claridad la mejora de la renta agraria de los hombres y mujeres del campo frente a los abusos de las cadenas de distribución y el sacrificio que se impone a los productos made in UE frente a otros productos importados y a los que no se les pide el mismo nivel de exigencia en calidad y controles fitosanitarios.
Una de las medidas estrella de la nueva PAC será el llamado ‘pago verde’ que permitirá condicionar un 30 % de las ayudas directas al cumplimiento de determinados esfuerzos medioambientales. El objetivo es promover las prácticas que no dañan el entorno, pero también llevar a cabo un lavado de imagen del gasto agrícola ante el contribuyente europeo, ya que la PAC absorbe casi el 40 % del presupuesto de la UE.
Europa se juega mucho, demasiado, para que este jueves y viernes no se de un claro mensaje de apoyo decidido a la economía real en la que son también protagonistas indiscutidos nuestros agricultores.

lunes, 17 de junio de 2013

CRISIS ALIMENTARIA INFANTIL EN ESPAÑA

Gonzalo Gayo
Más de 2,2 millones de niños españoles sufre la pobreza por culpa de una crisis que está siendo especialmente cruel con los más débiles. Las alertas se han disparado en las aulas de los colegios tras constatar la malnutrición de miles escolares y los desmayos en las aulas. Así lo constata el último informe deUnicef que denuncia que el incremento de la pobreza está siendo una de las consecuencias más visibles de la crisis, con una repercusión preocupante sobre la alimentación de los niños.
En apenas dos años más de 205.000 menores se han incorporado a la lista de pobreza con un incremento del 10% y sin que hasta el momento las administraciones hayan tomado cartas en el asunto. La pobreza infantil, estabilizada durante años en torno a la ya elevada cifra del 24% de la población menor de edad, se incrementó de 2009 a 2010 del 23,7% al 26,2%, un incremento y un porcentaje nunca alcanzados para esta franja de edad desde que se comenzó a usar la Encuesta de Condiciones de Vida para medir la pobreza en 2004.
La semana pasada el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, recaló en nuestro país. Tras cinco días de visitas señaló consternado la preocupación por los niños que se desmayan en clase porque no han comido, que acuden dos y tres semanas con la misma ropa al colegio o que están en una situación de vulnerabilidad tras un desahucio de sus familias. A las palabras del comisario se suman los pediatras que constatan que un 44% la disminución de ingresos de las familias está afectando a la correcta alimentación de los niños mientras sufren en silencio sin que las administraciones pongan remedio a esta situación de emergencia.
Sin embargo, la respuesta de las administraciones ha sido cruel e injusta ante esta situación de emergencia nacional con un recorte entre el 20% al 30% de las becas de comedor por parte de las administraciones autonómicas, salvo en Andalucía donde la Junta ha lanzado un programa de ayuda para que los menores tengan garantizado las tres comidas diarias junto con la colaboración de agricultores y empresas solidarias.
España se gasta al año 50.000 millones en educación y tan solo 2.500 millones en ayudas a comedor mientras las administraciones autonómicas siguen cegadas por recortar a los más débiles tras suprimir un 20%-30% en lo destinado a comedores este año.
La próxima semana se reúnen los mandatarios europeos en el Consejo Europeo del mes de junio. El sufrimiento de nuestros menores no estará sobre la mesa de negociación, ni en los pactos de Estado entre las principales fuerzas políticas del país. Los mandatarios de esta Europa seguirán revisando los balances de los bancos para seguir inyectando dinero público con el que sanear la malversación de fondos privados. Hablarán largo y tendido de una Unión Bancaria y de cómo los cientos de millones inyectados en el sistema bancario no llega hasta las empresas. Se lavaran las manos con anuncios de programas vacios para generar empleo juvenil y así contentar a una audiencia deseosa de medidas que nos saquen de esta pesadilla.
Pasaran de puntillas sobre el marco presupuestario de la UE para el septenio 2014-2020 y que será la sentencia de muerte de una Europa incapaz de dar soluciones, de reinventarse y escuchar el grito silencioso de los ciudadanos y de 2.205.000 niños españoles que sufren en sus carnes la pobreza.

lunes, 3 de junio de 2013

RETOS DE LA PAC

La crisis económica y financiera ha dejado su huella en el sector agrario. Prueba de ello es que entre 2008 y 2009 la renta agraria ha descendido un promedio del 12%. Además, la crisis también ha impactado negativamente en el consumo, cuyo descenso ronda el 10% mientras las dificultades de los agricultores y ganaderos para encontrar financiación en las entidades de crédito es creciente.
El envejecimiento y masculinización de la población agraria son todavía más acusados que en otros sectores económicos, existiendo además aún problemas de sustitución de titularidad de las explotaciones. La volatilidad de los mercados y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la liberalización comercial y la garantía de abastecimiento local y regional.
Además la actual Política Agraria Común no ha mejorado la fijación de la población en las zonas rurales dada el escaso desarrollo de infraestructuras lo que repercute en la vida de los pobladores.
Es pues necesario la reforma y el diseño de una nueva política agraria con objeto de garantizar un sector agrícola europeo más innovador y sostenible, en un entorno rural más dinámico. Los borradores de la PAC apuntan hacia objetivos relacionados con la seguridad, calidad y soberanía alimentaria, pero no aborda decisivamente aspectos como la creación de empleo, el desarrollo de infraestructuras y el aumento en la calidad de vida de los habitantes del medio rural. La necesidad de reformar el sistema de pagos directos, rediseñar las modalidades de ayudas a la renta para los agricultores en su totalidad y  una red de seguridad frente a riesgos de volatibilidad del mercado y posible crisis, precisara de nuevos recursos y marcos jurídicos.
Además,  hay que recordar que de todo el presupuesto que la Unión Europea destina para el medio rural (PAC + FEADER), tan solo alrededor del 2% va destinado a la diversificación económica y mejora de la calidad de vida.
La Unión Europea precisa de una política común para el medio rural con un determinado nivel de subsidiaridad que permita a través de programas nacionales y regionales tener en cuenta la diversidad de los Estados miembros. A través de la solidaridad, debe contribuir al refuerzo de la cohesión económica y social de la Unión Europea, sin perder de vista la diversidad de la agricultura europea.
La Política Agraria Común debe apostar por un sector agrícola sostenible, productivo y competitivo, teniendo en cuenta el potencial de crecimiento y empleo de las zonas rurales.  Un sector agrícola competitivo, capaz de explotar las oportunidades que existen en los mercados mundiales sin ayudas excesivas, garantizando al mismo tiempo un nivel de vida adecuado a la comunidad agraria.
La agricultura debe proporcionar alimentos que representen la rica diversidad y tradición de la producción agrícola europea, además de alimentos innovadores y productos de valor añadido. Los ciudadanos europeos abogan por una dignificación del trabajo agrario sustanciada en una cadena de valor justa que retribuya suficientemente la producción con el fin de mantener al renta agraria al tiempo que se satisface a los consumidores con precios razonables. La futura PAC tendrá que garantizar el justo nivel de rentas y perspectivas a largo plazo que garanticen el relevo generacional- apoyo a los jóvenes- en las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Sin lugar a dudas, la actividad agraria debe garantizar en Europa el suministro no solo de alimentos, sino también de otro tipo de servicios no agrarios  como las energías renovables y de bienes públicos de naturaleza social, medioambiental y paisajística.
Otro de los retos de la agricultura europea en las próximas décadas pasará necesariamente por contribuir con eficacia al mantenimiento en cantidad y calidad de los recursos naturales, suelo, hábitats, agua y bosques. Debería ser uno de sus objetivos combatir el cambio climático y fomentar la conservación de la biodiversidad y del paisaje.
La nueva Política Agraria Común debería tener una visión global, encaminada a la gestión sostenible de los territorios, a la producción de bienes públicos para el conjunto de la sociedad y no dirigido al interés económico de los miembros más fuertes de un único sector en aras a la  mejora de la calidad y competitividad de nuestros agricultores y de las zonas rurales, fijar población, y preservar y valorizar su patrimonio natural y cultural, con el fin de contribuir a un medio rural vivo.
De momento, la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha pedido que no se decida ningún recorte a las ayudas directas a los agricultores en 2014 hasta que no se hayan cerrado las negociaciones del presupuesto plurianual de la Unión Europa para 2014-2020. Algo es algo.