martes, 7 de diciembre de 2010

Alarma ante tantos privilegios

La huelga salvaje de los controladores aéreos ha tropezado con la Constitución y puesto en evidencia los privilegios de un colectivo profesional ,de apenas 1.500 trabajadores, que quiso poner en jaque a un país de no ser por la intervención del Gobierno invocando el “estado de alarma” y el interés general. Los controladores aéreos han cosechado un cúmulo de privilegios a costa de los ciudadanos a lo que hay que poner punto final con una mayor oferta de profesionales si no queremos repetir la misma historia.
El estado de alarma ha abierto también el necesario debate sobre los privilegios de unos frente al resto de ciudadanos en tiempos de austeridad y de necesaria eficiencia de lo público.
Conviene recordar que la crisis económica ha estallado por una sencilla razón y es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, en las administraciones públicas, en nuestras empresas y en las familias, aquí, en toda Europa y en EEUU. Otro de los daños colaterales es que en los tiempos de bonanza “artificial” han sido aprovechados por quienes se nutren del dinero publico para auto premiarse sobrevalorando sus servicios a la sociedad con salarios, pensiones y beneficios que generan situaciones de injusticia e insostenibles de cara al futuro.
Los tiempos han cambiado y las recetas de ajuste que llueven por toda Europa ponen de manifiesto la necesidad de acabar con los privilegios de unos a costa de los impuestos de todos y no es solo el caso de los controladores, tambien especialmente en los altos cargos de las administraciones públicas y de la burocracia generada.
Mientras los controladores tratan de mantener sus privilegios con huelgas salvajes, los altos cargos ni tan siquiera abren el necesario debate sobre tantos agravios comparativos que hay que corregir. De momento, los ciudadanos de a pie hemos sufrido la congelación de las pensiones más altas y hasta incluso recortar el salario de los funcionarios. Muchas de las inversiones en infraestructuras se han diferido a años venideros mientras partidas en apoyo a la maternidad por hijo o en la prologa del subsidio de desempleo desaparecerán con el año nuevo. Hasta la reforma laboral rebaja indemnizaciones por despido de nuevos contratos mientras los convenios pueden quedar en papel mojado si las cuentas en las empresas no cuadran o simplemente apuntan una posibilidad de números rojos. No son pocos los sacrificios que se les exigen a los ciudadanos que han sobrevivido a este tsunami que sitúa en 20 millones de desempleados en Europa, a los que por cierto se les da la espalda sin merecer hasta la fecha una simple cumbre de Jefes de Estado en el tercer año de la crisis financiera...
Aun con todo, pocos dudan que sea necesario apretarse el cinturón, que hay que ser solidario con nuestros allegados más afectados por la crisis, que incluso debemos actuar como país para defender el estado del bienestar y los derechos que tanto costaron conquistar en nuestra sanidad o en la educación para nuestros hijos.
Sin embargo, tanto sacrificio de los ciudadanos debe tener una clara contrapartida en la supresión de todos los privilegios que muchos han larvado a costa del erario público, desde los controladores hasta el ultimo de los ministros habidos o por haber.
Hoy un agricultor con cuarenta años de trabajo de sol a sol cobra una pensión media de poco de 600 euros al mes, o 886,40 euros de media de los jubilados españoles frente a los más de 100.000 euros al año que se anota en su cuenta corriente cada año un conocido ex presidente autonómico, y no es el único. Además, un alto cargo institucional, ministro, senador, diputado, secretario de estado… puede llegar a percibir dos o incluso tres salarios del Erario Público e incluso simultanear pensiones cuando se jubile.
Para poder cobrar el 100% de la pensión cualquier ciudadano debe cotizar al menos durante 35 años cuando un ministro o diputado le basta acumular siete años de ejercicio para poder obtener la pensión máxima y eso por muy listos que se crean es insostenible, injusto y si me apuran anticonstitucional.
Los políticos deben considerarse como un trabajador más, bien remunerado, pero con los mismos derechos y deberes que el resto de ciudadanos que son quienes les pagan. Es por ello que la aprobación de la reforma de las pensiones prevista para el próximo día 28 de enero deberia ser el primer paso para acabar con la lista de agravios, contemplar la sostenibilidad del sistema y la supresión de privilegios de quienes se luto conceden en nombre de los ciudadanos ventajas injustificadas e insostenibles en el futuro. Si hay que retrasar la edad de jubilación o incrementar los años cotizados, el Gobierno y la oposición deben ser los primeros en dar ejemplo si es que mantienen su propuesta de elevarla en dos años, de 65 a 67 y renunciar a los siete años que dan derecho a una pensión.
La sostenibilidad del sistema público debe basarse en los criterios de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, en el reparto de sacrificio y evitando que el dinero de los ciudadanos siga derrochándose como hasta ahora. Y sorprende, como botón de muestra que España sea el sexto país del mundo con mayor número de coches oficiales, un total de 35.000, usados por ministros, presidentes, diputados, alcaldes y hasta todos los concejales con chofer y escolta en el ayuntamiento de Valencia, por citar un ejemplo.
Sin duda que el estado de alarma decretado este fin de semana ha evitado el colapso de nuestros aeropuertos y la certeza de que nuestro espacio aéreo no puede estar en manos de un puñado de profesionales capaces de poner en jaque un país por mantener sus privilegios. Pero tambien es necesario abrir un debate sosegado para que otros tantos privilegios sean revisados y quienes desempeñan la función publica entiendan que debe ser un servicio a los ciudadanos pero no para obtener ventajas sobre quienes representan. Es necesario y urgente que cada euro de nuestros impuestos sea gastado con transparencia y eficiencia en cubrir las necesidades de los ciudadanos y sin duda que con ello obtendremos recursos suficientes y necesarios para apoyar decididamente al sistema productivo y a nuestras mujeres y hombres del campo.
gonzalo gayo