lunes, 8 de marzo de 2010

JUSTICIA Y RECONOCIMIENTO A LA MUJER RURAL

El 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer trabajadora. Una fecha con gran significado para las mujeres en todo el mundo y también para los 8 millones de mujeres rurales que viven en los pueblos de España. Las organizaciones de mujeres rurales en nuestro país lamentan que sus históricas reivindicaciones siguen sin atenderse. Es el caso de la titularidad compartida de las propiedades agrarias siendo aun un espejismo a que hace un año se aprobó una ley que es papel mojado. Tampoco se ha avanzado en una igualdad cuando en la España del siglo XXI más del 20% de las mujeres viven bajo el umbral de la pobreza y que afecta especialmente al colectivo de viudas y personas mayores en el mundo rural.
Es posible que esta realidad no se vea desde los cómodos despachos de las administraciones, sea en Madrid, Bruselas o Valencia, pero sin duda son responsables directos de las injusticias y del sufrimiento en silencio de millones de mujeres del mundo rural que cada 8 de marzo alzan su voz para quien quiera escuchar.
Tampoco la Política Agraria Común (PAC) ha sido incapaz de superar las discriminaciones de las mujeres del campo obviando la igualdad real de género como alternativa para el desarrollo sostenible. Es necesario que la nueva política agraria común contemple en la agenda del 2013-2020 unos presupuestos con análisis e indicadores del impacto de género. La igualdad de género en el mundo rural es un asunto prioritario, que afecta a los derechos humanos, la ética y los principios democráticos.
La Presidencia española de la UE debe establecer un marco jurídico de seguridad para las mujeres campesinas y crear los registros de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, paso previo imprescindible para que las mujeres que trabajan, y quieran ser titulares junto con sus parejas de una explotación, tengan los mismos derechos a efectos de ayudas, pagos, derechos de producción, primas, cuotas u otras medidas.
Las mujeres rurales reclaman una vez más la puesta en marcha en todas las Comunidades Autónomas del Registro de Explotaciones de titularidad compartida, aprobado hace ahora un año y que de momento es papel mojado ante el inexplicable retraso en su aplicación. No es de recibo que los gobernantes y administraciones hagan tal dejación de sus obligaciones porque simplemente las mujeres del campo prefieren sufrir en silencio tantas injusticias antes que alzar su voz.
En la España del siglo XXI sufrimos una tasa de pobreza del 21% y que afecta especialmente a las mujeres mayores, en la mayor parte de casos son viudas con una exigua pensión pese a dejarse la vida en el campo, de sol a sol.
La discriminación que sufre la mujer en el campo no parece que figure en la agenda de las prioridades de movimientos que luchan por la igual de una mujer que mira más a la ciudad y que en demasiadas ocasiones da la espalda a la realidad del campo.
Ni la Política Agraria Común (PAC) de Bruselas, ni las leyes de los gobiernos en Madrid o Valencia han sido capaces de superar las discriminaciones de las mujeres campesinas obviando la igualdad real de género como alternativa para el desarrollo sostenible.
Las mujeres del ámbito rural tienen que salir de la invisibilidad y de una economía que las ignora pese a llevar gran parte del peso del campo y reconocer el papel fundamental que juegan en la sociedad rural, por lo que es necesario una mayor presencia en los órganos donde se toman las decisiones, tanto en la política local, como en los grupos de desarrollo rural y en los consejos rectores de las cooperativas ya que en la actualidad sólo representan un 3%.
No habrá una Ley de Economía Sostenible efectiva sin que la mujer desempeñe un papel reconocido de liderazgo e incorpore medidas en favor de la igualdad, especialmente en el campo.
Las discriminaciones que siguen padeciendo los ocho millones de mujeres que viven en nuestros pueblos, su invisibilidad y la falta de reconocimiento de su trabajo como agricultora y ganadera es sin duda una de mayores injusticias de nuestro tiempo. Hay que erradicar la feminización de la pobreza y para ello es necesario potenciar la formación y el empleo de las mujeres.
En la Europa del siglo XXI un 35% de los trabajadores del campo son mujeres pero solo un 13 por ciento aparece como responsable principal de la explotación agraria y, además suelen ser explotaciones de tipo pequeño y marginal. Además, las jornadas laborales de las mujeres rurales son las más extensas del conjunto de la Unión Europea y en Grecia, Portugal, España e Irlanda se superan muy ampliamente las 40 horas.
Además, el trabajo asalariado femenino en la agricultura y en la agroindustria es fundamentalmente eventual, concentrándose sobre todo en Andalucía, Murcia y Extremadura el 83% de las jornadas realizadas y en Canarias el 24,5% de las mujeres asalariadas fijas discontinuas. En la industria agroalimentaria, hay una importante aportación de trabajo femenino que puede cifrarse en aproximadamente un 31%, y es un empleo generalmente eventual.
Las mujeres rurales exigen justicia, reconocimiento y oportunidades desde una formación y empleo que permita quedarse en sus pueblos. Es necesario tambien que se haga justicia muy especialmente a las viudas y nuestros mayores que se dejaron la vida en el campo y hoy sufren pensiones de miseria que les condenan a la más absoluta pobreza.

lunes, 1 de marzo de 2010

Un gran pacto por el empleo

España necesita un gran pacto para generar casi 2 millones de empleos en el menor tiempo posible. Ese es el gran reto al que se enfrenta nuestro país junto a un nuevo modelo económico tanto en lo público como en sector privado a medio y largo plazo.
Sin embargo, la principal urgencia se llama empleo tras sufrir la mayor destrucción en un menor periodo de tiempo y que sin duda va a requerir del esfuerzo de todos.
La gravedad de la situación puede llegar a ser explosiva sino actuamos con contundencia para frenar esta hemorragia en la destrucción masiva de empleo sin que haya tenido una gran traslación en términos de PIB con una caída del 3,6% frente a casi haber duplicado el número de desempleados en los últimos dos años. El factor diferenciador de la crisis vivida en España frente a países como Alemania es la intensidad con la que se ha destruido empleo pese a que la caída del PIB ha sido incluso, paradójicamente, inferior en nuestro país en 2009.
Es por ello necesario aplicar medidas excepcionales en la creación de empleo por lo que la contratación de desempleados debería contemplar la exención de cargas sociales y fiscales durante un tiempo. Además, se debería destinar recursos a fondo perdido para la contratación de desempleados de larga duración y especialmente en el colectivo que ha agotado la prestación económica.
A medio y largo plazo es necesario abordar un modelo único de contratación indefinida que evite la dualidad que se ha generado en el mercado laboral con una alta precariedad que sufre una gran mayoría de trabajadores en nuestro país. Los agentes sociales, empresario y trabajadores, deben encontrar el punto de acuerdo para que en España exista un solo contrato indefinido que evite que paguen los de siempre las crisis que generan otros. La precariedad laboral es un factor discriminatorio que afecta a los colectivos más débiles y que requiere de medidas que equipare al resto de trabajadores en derechos y oportunidades de empleo y salario. Es urgente y necesario se alcance un acuerdo ante las injusticias generadas por un sistema de contrataciones obsoleto.
También se debería arbitrar un modelo para la creación de empresas que permita en menos de 24 horas constituirlas telemáticamente con el apoyo de las administraciones y el asesoramiento en tiempo real de las cámaras de comercio como instituciones publicas y a coste cero. Igualmente se debería habilitar un periodo de al menos un año de exenciones fiscales para estas nuevas empresas así como ayudas a fondo perdido o capitalización del desempleo para quienes se conviertan en sus propios jefes.
Para acompañar en este nuevo camino a jóvenes emprendedores seria de gran interés el aprovechar la experiencia de nuestros mayores a la hora de asesorar y acompañar en el proceso. De hecho existen experiencias altamente positivas como los SECOT donde un voluntariado de expertos jubilados brindan desinteresadamente sus servicios para asesorar a nuevos emprendedores y aconsejar desde la experiencia.
El modelo a seguir es el mismo que se emplea con éxito en la sanidad pública donde los grandes maestros de la medicina se hacen acompañar de los profesionales recién llegados de las facultades para transmitirles la experiencia acumulada de generación en generación.
También es preciso y urgente un nuevo modelo del INEM para reconvertirlo en un punto de encuentro de profesionales a los que es preciso apoyar en su readaptación a un mercado cambiante con mayor formación e incluso siendo capaz de generar sinergias entre los desempleados para crear su propio empleo mediante fórmulas como las sociedades laborales o cooperativas.
Respecto al sistema de pensiones es preciso resolver como ensanchar el mercado laboral para dar empleo a cuatro millones de desempleados antes que prolongar una edad laboral de jubilación. De hecho, antes se debería estimular cómo rejuvenecer la población para lo cual es necesario arbitrar medidas que permitan conciliar la vida laboral y familiar así como compartir las tareas del hogar. También las familias numerosas deberían contar con un merecido reconocimiento en su jubilación contemplando mejoras en el cómputo de su pensión en función del número de hijos. Europa no solo se juega las pensiones de sus mayores sino el ser o no ser en la medida que estimule su necesario rejuvenecimiento poblacional.
La urgente generación de empleo también se verá favorecida en la misma proporción que seamos capaces de mejorar las exportaciones, especialmente hacia aquellos países que están liderando un nuevo tiempo en la economía globalizada como son China, India y Brasil.
Junto a un plan de choque contra el desempleo se debe trabajar en la mejora de un sistema productivo que sea cada vez menos dependiente de los vaivenes en los precios energéticos dada nuestra excesiva dependencia del petróleo. La independencia energética y la autosuficiencia serán factores determinantes en la competitividad y el empleo en el futuro por lo que es importante el mayor impulso posible en la instalación de energías renovables y no descartan también el papel que aun puede desempeñar la energía nuclear en nuestro país. España necesita importar más del 80% de sus necesidades energéticas y eso no será sostenible en el futuro ya que estaremos expuestos a nuevas crisis que pagaremos con la pérdida de competitividad y más desempleo.
La agricultura no es ajena a estos tiempos de cambios y debería empezar a pensar seriamente en la conveniencia de establecer sus propias redes comerciales con las que defender la rentabilidad de los productores a precios justos. El campo es y será aun más un factor estratégico en las economías dada la creciente necesidad en la alimentación para una población que superará los 9.000 millones de personas a finales de este siglo. La agricultura ecológica y la alimentación serán generadores de riqueza y empleo en los próximos años.